julio 6, 2024

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Dinero del Hospital Central pudo acabar en la campaña de El Bronco: periodista

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Tras la publicación de un reportaje que evidenció la compra de 120 mdp en medicamentos a proveedores fantasma por parte del nosocomio, analistas piden a la ASE investigar a la secretaria de Salud, Mónica Rangel

Por: Ana G Silva

Luego de que el pasado lunes el portal de noticia Astrolabio publicó un reportaje en el que expuso un presunto pago de 120 millones de pesos a empresas fantasmas relacionadas con el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, por parte del Hospital Central “Ignacio Morones Prieto” para la compra de medicamentos contra el cáncer, el autor de dicho reportaje, Carlos Rubio, y el analista y político Oswaldo Ríos conversaron con La Orquesta.mx y nos contaron cuáles son las implicaciones de esta situación en la que están involucrados el director del nosocomio, Francisco Alcocer Gouyonnet, y la secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel.

Carlos Rubio, periodista que realizó la investigación, dijo que las empresas han encontrado una puerta al erario público del San Luis Potosí:

“Estas empresas fantasma ven a los servicios de salud de San Luis Potosí como una fuente de ingresos, porque recordemos que no es la primera vez que esto ocurre en la Secretaría de Salud”.

El periodista apuntó que el presupuesto de salud es muy atractivo para que estas empresas busquen quedarse con el recurso de los potosinos:

“Lamentablemente son muchas las dependencias estatales y municipales que brindan la oportunidad para que entren estas empresas a robar. Aunque al inicio del sexenio federal se hablaba de un combate a la corrupción, esta batalla luce complicada, porque es exagerada la cantidad de manos por las que pasan los recursos, se tendría que vigilar los movimientos de estas personas, es casi imposible decir que estas prácticas terminen”.

Rubio señaló que, aunque las empresas no se conectan con las del empresario Gabriel Salazar (acusado de defraudar a decenas de potosinos), se vuelve a reiterar la forma de operar de estos lugares con servicios de salud: “La línea es continua, ahora con la pandemia ha sido exhibida la Secretaría de Salud respecto a insumos, material médico, y todo lo que dicen haber comprado, pero hemos visto que se factura todo pero en realidad nunca hay nada en manos de los servicios de salud”.

El periodista dijo que espera que se tomen medidas por parte de las autoridades en contra los responsables: “porque ya han sido bastantes las situaciones en las que han sido exhibidos, y hemos visto que no pasan de los dichos sin llegar a las acciones”.

Agregó que si las autoridades no toman acciones al respecto, sería un reflejo más de lo que es la administración, donde todos los casos registrados siguen impunes y agregó que es muy probable que estos 120 millones hayan terminado en alguna campaña política:

“Ahí tenemos un ejemplo de lo que hizo El Bronco: dos de las empresas de las que facturaron al Hospital Central son las que le aportaron dinero a su campaña del 2018, estas han sido utilizadas para el sector político, entonces ahí está la conexión”.

Por su parte, el analista Oswaldo Ríos sentenció:

“Hay que recordar que es un tema de jerarquías administrativas, la secretaria de Salud, Mónica Rangel es la responsable política y jurídica del manejo de la dependencia, más allá de qué área contrata ciertos servicios, por acción u omisión ella tiene que dar la cara”.

El analista político indicó que tanto la secretaria de Salud, como el director del Hospital Central, Francisco Alcocer Gouyonnet, deberían pedir licencia a sus cargos para enfrentar este proceso de investigación en plena igualdad jurídica. También mencionó que estos señalamientos evidencian que hay que investigar el mecanismo de contratación, adquisiciones y proveeduría que tiene la Secretaría de Salud y todos los hospitales.

Ríos señaló que el hecho que ni la secretaria de Salud ni el director del Hospital Central ni los diputados integrantes de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado quieran rendir declaraciones tiene que ver con que:

“No les cuesta nada ser negligentes frente a las acusaciones públicas. Si la Auditoría Superior del Estado (ASE) hiciera su trabajo e iniciara procedimientos formales de ese tipo de señalamientos, las autoridades obligatoriamente tendrían que comparecer y rendir un informes jurídicos públicos de lo que hicieron, insisto que es muy importante pasar de lo mediático a lo legal porque en ese momento no es que quieran o no quieran rendir postura, están obligados a hacerlo ante la autoridad cuando se le requiera, y si no lo hacen le permitirán a la Secretaría de Salud eludir su responsabilidad”.

Oswaldo Ríos opinó que:

“Hoy en día la ASE está emplazada a dar un informe muy puntual si en estas contrataciones se actuó con apego a la legalidad y si existió pluralidad en la decisión de darle al contratista esta asignación de recursos públicos, que no son montos menores, y en el contexto de una pandemia que le exige al estado potosino canalizar muchos recursos a la atención de la salud a las personas contagiadas y que deberían estarse utilizando de la manera más eficiente posible para esta gente”.

Detalló que solo la ASE puede definir si se tratan de señalamientos fundados o bien si no hay elementos para presumir una conducta ilegal, “mientras no tengamos una valoración de la autoridad competente no sabremos, lo que es un hecho es que han sido reiteradas, sistemáticas y permanentes las maneras en que la Secretaría de Salud contrata”.

El analista comentó: “Ellos dicen que tiene que ser así porque la pandemia les obliga a actuar de manera muy rápida y por eso no pueden abrir a la licitación pública a la contratación de proveedores y contratos, pero el que sean adjudicaciones directas no significa que no se respete la legalidad existente; se tiene que acreditar a cabalidad los lineamientos que te dicta la ley de adquisiciones y obra pública del estado”.

Ríos Medrano añadió que la ASE tiene que definir si existió los bienes y servicios que se contrataron y si se entregó: “para una vez definido eso, poder deducir qué vínculos políticos podrían tener quienes han sido beneficiarios de una eventual contratación ilegal o indebida. Todo lo demás son hipótesis, lo importante es que si no se actuó apegado a derecho y la ASE lo define, lo que sigue es iniciar procedimientos administrativos y penales en contra de los funcionarios públicos que hayan realizado contrataciones ilegales y, en un segundo momento, si se comprueba que se actuó de manera ilegal, definir quiénes son los actores políticos interesados en obtener un lucro indebido de recursos que son de los potosinos”.

Mencionó que este hecho es un golpe letal para Rangel Martínez a sus aspiraciones políticas, que con este tipo de denuncias queda descalificada políticamente como la representante o abanderada del PRI en las próximas elecciones del 2021.

También lee: Hospital Central pagó 120 mdp a empresas fantasmas vinculadas con “El Bronco”

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¿Qué es lo que sabemos del Día Cero y el suministro de agua en SLP?

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Este 29 de mayo es la fecha en que los potosinos dejarán de recibir agua debido a las reparaciones en la presa El Realito

Por: Redacción

En el mes de marzo, Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, y Enrique Galindo Ceballos, alcalde capitalino, anunciaron que el 30% de la población potosina se quedará sin agua, esto debido a que la cortina de la presa El Realito presenta fisuras y deben ser reparadas; además, mencionaron que la fecha en la que estos municipios se quedarían sin agua sería este 29 de mayo de 2023, hecho al que se le llamó “Día Cero”.

Los gobiernos estatal y municipal anunciaron un Plan Emergente ante la crisis hídrica que sufrirá la capital por las reparaciones en El Realito, en el que incluso se destinarán recursos de obras públicas para combatir el problema.

El Plan Emergente consiste en la rehabilitación y el aprovechamiento de todos los pozos de la mancha urbana: públicos, privados y clandestinos; la modernización y rehabilitación de los existentes y la perforación y construcción de nuevos pozos, que permitan atender la contingencia.

El Día Cero es la fecha en la que las autoridades indicaron que se dejará de proveer agua a San Luis Potosí, en el que se ven afectados 80 mil 600 hogares que dependen del suministro de este embalse, y las 258 mil personas que los habitan.

José Antonio Lugo, titular de Interapas, explicó que la Organización Mundial de la Salud considera que una persona para vivir en condiciones de salud y bienestar, necesita 100 litros de agua al día, por lo que afirmó que el compromiso de la Junta de Gobierno del Interapas es dar esos cien litros”, pero a cambio, “la ciudadanía lo que tiene que hacer es aprender a vivir con esos 100 litros”. Es decir, el ciudadano promedio, debe emplear únicamente 100 litros para “beber, comer, limpiar tu hogar y hacer higiene general”, incluido el saneamiento de las viviendas.

En este sentido, sostuvo que actualmente, potosinas y potosinos gastan en promedio 220 litros al día por persona, por lo cual este consumo debe reducirse.

 

¿Qué otras alternativas existen?

 

Francisco Javier Peña de Paz, profesor investigador de El Colegio de San Luis (Colsan) y experto en temas hídricos, opinó que respecto a los anuncios sobre el Día Cero y las estrategias planteadas a partir de esa premisa, derivan del hecho que “El Realito no garantizó el servicio, ni siquiera en su mejor momento”.

“El Realito nunca ha pasado más allá de (dotar) 300 litros por segundo. Es decir, nunca han alcanzado los mil litros por segundo, que equivale al metro cúbico por segundo que se preveía que iba a dar originalmente”, mencionó.

El experto consideró que es más fácil operar los servicios cuando son intermediados por la autoridad pública, pues los esquemas de privatización, o colaboración público-privada, no garantizan una mejora en los servicios, tal como ha ocurrido por ejemplo, con las empresas “Aquos” de El Realito y “Aguas del Poniente”.

El estudioso de temas hídricos anticipó que el avance de la urbanización en la región centro de la entidad potosina provocará que la demanda de agua incremente en otros puntos, por lo que la idea de “zona metropolitana” integraría las delegaciones más alejadas de la capital y otros municipios distantes como Villa de Reyes, Zaragoza, e incluso Santa María del Río.

El profesor investigador del programa “Agua y Sociedad”, consideró que la solución a los conflictos de gestión hídrica para la población deben orientarse en conjunto y no con una visión individual. En ese sentido, se refirió específicamente a la intención del ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez de abandonar el organismo intermunicipal.

“No es segregándose y pensando que remando solo, cada quien, podríamos salir del atolladero, sino al contrario, con una mejor coordinación y cohesión en un sentido que considere a todos, que no deje a nadie afuera y con el apoyo del gobierno estatal, que yo creo que tiene una responsabilidad importante porque en esta zona que he mencionado está la mitad de la población del estado”.

También lee: Marcha LGBTTTIQAP+ en SLP será para buscar asignación de presupuesto

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Marcha LGBTTTIQAP+ en SLP será para buscar asignación de presupuesto

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El evento se realizará el 17 de junio y se espera tener más asistentes que en el 2022; aquí los detalles

Por: Daniel Rocha

El próximo 17 de junio, se llevará a cabo doceava edición de la marcha del orgullo LGBTTTIQAP+ en San Luis Potosí, siendo esta la primera vez que se celebra en el mes del orgullo y en la que se espera la participación sea mayor a la del año pasado, en la que acudieron más de 10 mil personas. Ante esto La Orquesta entrevistó a Andrés Costilla, presidente de la asociación civil Amigos Potosinos en lucha contra el Sida y uno de los activistas que organiza este evento, quien mencionó que el objetivo de este año es lograr que las autoridades asignen presupuesto para la comunidad.

Andrés Costilla indicó que se buscará un acercamiento con el Congreso del Estado y el Gobierno del Estado les asigne un presupuesto para atender problemáticas y necesidades específicas de la comunidad, no solo en la zona metropolitana, sino en el interior de la entidad:

“Este año, parte de lo que estamos trabajando es la incidencia de litigio estratégico y de incidencia presupuestaria. Demandamos al Congreso y al Gobierno, para que en la Ley de Ingresos y Egresos del Estado de San Luis Potosí ya asigne un recurso para las poblaciones LGBTTTIQAP+. No es lo mismo ser una persona LGBT que vive en la zona metropolitana de de San Luis Potosí a ser un hombre gay indígena o una mujer trans indígena o una mujer lesbiana indígena, entonces son diferentes necesidades y problemáticas que se viven en las cuatro regiones del estado”.

El presidente de la asociación civil Amigos Potosinos en lucha contra el Sida declaró que el evento comenzará con la revelación de las letras monumentales de San Luis Potosí, en compañía del alcalde Enrique Galindo. Para las 5:30 de tarde comenzará la marcha en la explanada del Parque de Morales, que recorrerá la avenida Venustiano Carranza hasta llegar a la Plaza de los Fundadores, en donde habrá un evento artístico y una feria informativa que se planea que arranque de 7 a 9:30 de la noche.

El activista mencionó que esta es una marcha incluyente donde “todas, todos y todes pueden participar”, no solo personas de la de las poblaciones LGBTTTIQAP+. Cada año nos acompañan, familias, amistades y gente LGBTTTIQAP+ friendly.

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Consejo de la UASLP aplazó votación para sancionar violencia de género

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Esta sería la tercera ocasión que el Consejo Directivo Universitario pospone el dictamen para imponer sanciones por hechos de violencia de género

Por: Redacción

El Consejo Directivo Universitario (CDU) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) pospuso la votación del dictamen para la imposición de sanciones por hechos de violencia de género ocurridos en 2022, sobre violencia digital, siendo la tercera ocasión que esto ocurre desde que se emitió el dictámen.

El pasado 26 de mayo se tomó esta decisión correspondiente al expediente de instrucción E1/01/2022, enviado por la Comisión Instructora del CDU para su votación desde el pasado 31 de marzo, y la Secretaría General de la Rectoría solicitó que se posponga su votación.

El aplazamiento se dio bajo el argumento de la nueva integración de la presidenta y vicepresidenta de la Federación Universitaria Potosina (FUP), a fin de que cada integrante tenga conocimiento pleno del dictamen a votar.

La primera vez que se pospuso fue en la sesión del 31 de marzo, debido a la toma de protesta de las y los consejeros alumnos, así como de las y los consejeros maestros para el periodo 2023-2025. La segunda ocasión fue en la sesión del 28 de abril, debido a que acababan de integrarse las dos terceras partes del CDU.

También lee: Vicepresidenta de la FUP denunció violencia de género por parte de autoridades de la UASLP

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