Por: Redacción

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a la potosina Rosa Icela Rodríguez como nueva titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en sustitución de Alfonso Durazo, quien buscará la gubernatura de Sonora. 

“Tengo que elegir a un secretario de Seguridad y de una vez, porque ni ella lo sabe, va a ser una mujer, va a ser si lo acepta porque incluso está en recuperación porque fue afectada por covid, va a ser Rosa Icela Rodríguez. Todavía no sabemos si vaya a aceptar, se está enterando”, fueron las palabras del mandatario durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, es licenciada en periodismo, hasta hoy se desempeñaba como titular de Puertos y Marina Mercante, antes de eso fue secretaria de Gobierno durante la actual administración de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum.

Con López Obrador como jefe de gobierno fungió como directora general de Participación Ciudadana y directora general de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana en la Secretaría de Gobierno.

Trabajó como representante en las Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia en dos zonas de alto riesgo, como Cuauhtémoc III (CUH-3), en el barrio de Tepito; y Cuauhtémoc VIII (CUH-8), en las colonias Buenos Aires, Doctores y Obrera.

En la administración de Marcelo Ebrard en la Jefatura de Gobierno fue coordinadora del Gabinete de Gobierno, Seguridad y Procuración de Justicia y con Mancera: secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades y secretaria de Desarrollo Social.

Dentro del periodismo fue colaboradora de medios como Televisa Radio, El Universal, La Afición y La Jornada.

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Una corte en Nueva York ha condenado a 120 años de prisión al supuesto líder espiritual y empresarial. De las 15 mujeres que declararon en su contra, tres son Matehuala

Por: Redacción

Abuso sexual de decenas de mujeres en nombre de superación personal, así operó durante años Keith Raniere en la secta NXIVM que el mismo fundó y que le ofrecía a sus seguidores y seguidoras, muchas y muchos personas de éxito y fortuna, felicidad y empoderamiento. Ayer Raniere fue condenado en Nueva York a 120 años de prisión por cargos de tráfico sexual, extorsión, delincuencia organizada, amenazas y abuso de menores. Esta historia que pareciera tan distante, tiene una conexión directa con San Luis Potosí, pues una de su primera víctima, identificada como Camila es originaria del municipio de Matehuala, su testimonio fue fundamental en el juicio.

La sentencia fue posible gracias al testimonio de quince mujeres, una de ellas Camila, que actualmente tiene 30 años de edad y es considerada como la primera esclava sexual de Raniere. Ella asegura que fue abusada cuando apenas tenía los 15 años y él 45, el 18 de septiembre de 2005.

El abuso de Raniere dejó secuelas graves en Camila, al grado de pensar en el suicidio y considerar que su valor como persona radicaba en la opinión de este supuesto líder espiritual:

“Hizo que yo creyera que mi valor como persona radicaba en lo que él sintiera sobre mí. Me ha costado mucho tiempo procesar el trauma que me causó. Me robó mi juventud. Usó mi inocencia para hacer lo que quiso conmigo, aún tengo problemas en identificar el límite entre una relación normal y una abusiva, pero aprendí que la sobrevivencia es instintiva incluso en las circunstancias más retorcidas”, narró Camila ante la corte.

Dos hermanas de Camila, Daniela y Mariana, también hablaron contra Raniere. Daniela contó que la secta la mantuvo encerrada por dos años, debido a que se interesó por alguien más y subió de peso, pues Raniere les exigía a sus víctimas estar delgadas, al punto de desarrollar trastornos alimenticios y las marcaba con sus iniciales.

En su testimonio, India Oxenberg, hija de la actriz Catherine Oxenberg, se refiere a Rainiere como un “depredador sexual”, un “racista” un “mentiroso” y un “sádico”.

Otras de las personas involucradas en el caso son: Emiliano Salinas Occelli, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari; Alex Betancourt, socio en varias empresas de Salinas Occelli, ambos coordinaban el programa de cursos, seminarios de NXIVM, pero han rechazado tener conocimiento de las atrocidades cometidas por Rainiere. También se encuentra Rosa Laura Junco, hija del empresario Alejandro Junco de la Vega, señalada como la responsable de guardar material íntimo de las víctimas, el cual después eran extorsionadas para evitar que huyeran.

Ante todo esto, Rainiere niega haber cometido algún delito, “Es cierto que no me arrepiento de los crímenes que creo que de hecho no he cometido. Pero sí me arrepiento profundamente de todo este dolor”, fueron las palabras del acusado ante la corte.

Con información de: The New York Times.

El investigador asegura que México no ha dejado de vivir en una mafiocracia

Por: Itzel Márquez

“No se puede disminuir la delincuencia a cero, como tampoco podemos desaparecer por completo el pecado, pero si pueden limitarse para que no cause tanto daño”.

 

Edgardo Buscaglia, es académico Senior de la Universidad de Columbia, Presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México y autor de numerosas investigaciones y libros acerca de la delincuencia organizada y narcotráfico en México. El investigador habló para La Orquesta acerca de su experiencia sobre estos temas en diversos países, las dimensiones de la delincuencia organizada en México, la relación entre el narcotráfico y la política, a propósito del próximo periodo electoral.

 

Buscaglia manifestó desde temprana edad interés por temas políticos y sociales, especialmente la relación que existe entre economía, derecho y crímenes, por lo cual en el doctorado y post doctorado comenzó a escribir al respecto: “me dediqué a escribir sobre ese tema con base en datos de gobiernos, como hacen los expertos mexicanos, pero los datos no eran satisfactorios, porque eran muy defectuosos, nunca realmente lograban satisfacer mi necesidad de análisis de campo, desde ahí empezamos a organizar trabajos de campo para sacar datos con mis equipos en cada país y obtener datos más precisos”.

 

Al haber colaborado en investigaciones sobre delincuencia organizada a lo largo de tantos países, el académico afirma que en todos existe delincuencia organizada en diferentes niveles, lo cual constató en un estudio publicado en 2003 por la ONU, de tal forma que pudo obtener indicadores de delincuencia organizada. Desde ahí, México ya aparecía en uno de los lugares más elevados, “junto con Colombia, Rusia y países africanos.”

 

En cuanto al combate del crimen en México, Edgardo Buscaglia retoma la información proporcionada por la ONU en la Convención contra la delincuencia organizada, en donde se menciona que al estado mexicano le hace falta 18 instituciones, que se traducen en vacíos de estado, para poder combatir de forma efectiva este problema, entre las cuales se encuentran: órganos de auditoría de financiamiento de campañas electorales: “tenemos un pacto político de impunidad mafiosa, que hacen que la delincuencia organizada en México se comporte como la delincuencia organizada de Afganistán y no como la delincuencia organizada de Alemania, la delincuencia organizada mexicana comete crímenes de lesa humanidad como la desaparición de los 43 o la fosa común de San Fernando Tamaulipas”.

 

Al respecto de la delincuencia, el investigador primero delimitó lo que se entiende por este término y la diferencia con asociación delictuosa, el primero de ellos se entiende por: “una organización criminal mucho más sofisticada que tiene cinco tipos de personas involucradas, personas morales, empresas y personas físicas, personas y asociaciones civiles como ONG, cinco tipo de personas forman parte de la delincuencia organizada de todo país”; mientras que el segundo se define como: “asociaciones de personas al mismo nivel que de vez en cuando cometen delitos”.

 

Ahora bien, pasando a las cinco dimensiones de la delincuencia organizada, según Buscaglia, se encuentran inmiscuidos estos actores sociales: políticos, “quienes brindan protección a que brindan protección, lavan dinero y a veces se meten operativamente a traficar drogas”, jueces, fiscales y policías, “que brindan protección operativa”, el tercer tipo son las empresas, “que puede ser una empresa fachada que sirve para lavar dinero o puede ser una empresa privada que produce insumos a los cárteles de la droga”, el cuarto tipo son las Asociaciones civiles o religiosas, “que supuestamente ayudan a combatir a la pobreza, que reparten agua, que reparten comida, que reparten medicina” y el quinto son los sicarios, “México vive en una simulación, combatiendo solo esta dimensión de la delincuencia organizada no combaten el resto porque ahí están metidos los actores verdaderos del poder, el pacto político de impunidad mafiosa consiste en que el estado se niega a limpiar de jueces, fiscales y policías corruptos, se niega a limpiar a sus políticos mafiosos en el congreso, en el gobierno federal”.