septiembre 16, 2024

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Los turbios intereses detrás del alza a la tarifa del transporte en SLP

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Consejo Estatal del Transporte

El Consejo Estatal del Transporte, funcionarios del gobierno y representantes de la universidad se aliaron para subir la tarifa del autobús

Por El Saxofón

 

El pasado viernes 11 de enero, en una sesión exprés y a puerta cerrada, el Consejo Estatal del Transporte autorizó el “ajuste”  a la tarifa del transporte urbano en San Luis Potosí para el 2019.

El actuar de los integrantes del Consejo deja en evidencia su verdadera naturaleza: se trata de un simple instrumento, un órgano que no representa a nadie ni a nada más que a los intereses de los permisionarios de este servicio.

El Consejo Estatal del Transporte tiene 42 integrantes, pero, ¿alguien los conoce? Sobresalen tres o cuatro personajes, los que tienen el papel protagónico en el tema, los demás son figurantes que tal parece, no representan a nada y a nadie.

Las crónicas periodísticas nos permiten atisbar un poco. La reunión se llevó a cabo en el Centro de Convenciones. “El primero en llegar”, narra un reportero, fue el representante de los permisionarios, Margarito Terán, que declaró ir confiado en que se aprobaría el ajuste.

Los periodistas también identificaron al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Ramiro Robledo, que por cierto, preside el dicho Consejo; a la diputada Alejandra Valdés, presidenta de la comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado y el presidente de la Federación Universitaria Potosina, Alexis Pérez Guerrero. Los restantes 38 sujetos fueron concatenados como “el resto de los integrantes”.

Al lugar también acudieron miembros del colectivo Cambio por San Luis, que están en contra del aumento a la tarifa, pero no se les permitió entrar a la sesión del Consejo,  seguramente por el justificado temor de los honorables Consejeros a que estos ciudadanos fueran a ocasionar algún desmán. También se bloqueó el paso a los periodistas.

¿Qué se dijo ahí dentro? ¿Qué grave crimen se cometió allí para no querer más testigos que los cuatro personajes arriba mencionados y “el resto de los integrantes”?
¿Hubo debate? ¿Hubo alguna voz que diera un buen argumento en contra del ajuste tarifario? Imposible saberlo. ¿Habrá puesto alguna objeción la diputada Valdés, en nombre de los ciudadanos que representa? ¿El presidente de la FUP, Alexis Pérez, habrá defendido el interés de los estudiantes? Si lo hicieron no sirvió de nada.

Desde la reforma a la Ley del Transporte del Estado, realizada el 18 de junio de 2015, el aumento anual a la tarifa del transporte público en San Luis Potosí, se basa en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, léase, la Inflación.

La ley también dice que el aumento a la tarifa entra en vigor el 15 de enero. Previa publicación en el Periódico Oficial del Estado.

En 2015, una serie de protestas contra el “ajuste” y la proximidad de las elecciones locales para la gubernatura provocaron que el incremento a la tarifa se aplazara. Las protestas acabaron cuando la Legislatura en turno aprobó la reforma antes mencionada. Los diputados argumentaron que de este modo, el aumento ya no dependería de lo que decidieran los permisionarios y el Ejecutivo a su libre arbitrio, sino de un factor económico.

Con esta reforma, al gobierno del estado se le quitó un peso de encima. Si la inflación aumenta, el transporte aumenta, y como la inflación año con año, aumenta, pues el transporte por lógica, tiene que aumentar, y no hay manera de detener el “ajuste”.

Pese a ello, el incremento en la tarifa sigue provocando disgusto entre los usuarios. Cada año hay “madruguete”. El aumento se aprueba en fin de semana, y cuando los estudiantes universitarios aún están de vacaciones. Además el Consejo, actúa con hermetismo, puesto que sabe de antemano que lo que van a hacer en la sesión respectiva, sólo les conviene a una minoría: los permisionarios. De la mayoría agraviada, ya saben qué esperar: Las consabidas manifestaciones que se disuelven en unos cuantos días.

A juicio del usuario, las unidades ofrecen un mal servicio, pero según los integrantes del Consejo Estatal del Transporte (que huelga decir, no tienen necesidad de viajar en camión urbano) el servicio cumple con lo que marca la ley.

Entrevistado antes de iniciar la sesión del consejo, Margarito Terán admitió que no se han cumplido los compromisos establecidos para que se diera el ajuste en 2018, sin embargo insistió en que “han hecho lo posible”. Más que suficiente para incrementar la tarifa, a juicio de este permisionario.

Horas antes, Alejandro Leal Tovías, Secretario General de Gobierno, había declarado que los concesionarios pedían un incremento de 1 peso con 50 centavos. El funcionario aseguró que en el Consejo se escuchan las voces no solo de los permisionarios, sino también las de los estudiantes, la del Congreso del Estado y la del Gobierno del Estado.

Es probable que se escuche a estas voces, lo que es indudable es que no se las toma en cuenta. O bien, tal parece que dichas voces avalan el aumento a la tarifa, puesto que al final el incremento fue aprobado por el Consejo y por la SCT, que es la dependencia que autoriza su aplicación.

El servicio del transporte urbano ha cambiado en los últimos años: hay unidades adecuadas para discapacitados, se han instalado cámaras de vigilancia que, aunque nadie las monitorea, de perdido han servido para grabar algunos atracos sufridos por los usuarios y operadores, pero la percepción negativa del servicio no varía.

Y es que hay que ver las unidades atestadas en las horas pico. El usuario paga por viajar de pie, apretujado, corriendo el riesgo de ser víctima de algún carterista. O hay que sufrir la espera del usuario cuando la ruta que lo lleva a su destino no pasa, para entender los sinsabores de quien utiliza el transporte público para moverse de un lado a otro de la ciudad.

Para colmo, la sensación de inseguridad en las unidades del transporte urbano ha incrementado. El transporte público es el segundo espacio donde más se siente inseguros los potosinos, solo después de los cajeros automáticos.

El 79.4 por ciento de los potosinos se siente inseguro al abordar el transporte público, según la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU 2018) en su edición de septiembre pasado, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Y esto no es gratuito. El robo o asalto en camiones urbanos aumentó 141 por ciento entre enero y noviembre del presente año con respecto al 2017; las denuncias presentadas en once meses, superaron el total de las que fueron interpuestas el año pasado.

Entre enero y noviembre, la Fiscalía General del Estado, ha abierto 67 carpetas de investigación por Robo en transporte público colectivo, mientras que en todo el 2017 solo se iniciaron 46.

De las 65 denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) 14 corresponden a robos con violencia y 52 sin violencia. Es decir, cada mes se denuncia al menos un asalto violento en camiones urbanos.

En fin, a partir de esta semana, el usuario del transporte pagará 9 pesos con 50 centavos para abordar un camión que le lleve a su destino dando tumbos por las irregulares calles de la ciudad.

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¿Qué es lo que sabemos del Día Cero y el suministro de agua en SLP?

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Este 29 de mayo es la fecha en que los potosinos dejarán de recibir agua debido a las reparaciones en la presa El Realito

Por: Redacción

En el mes de marzo, Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, y Enrique Galindo Ceballos, alcalde capitalino, anunciaron que el 30% de la población potosina se quedará sin agua, esto debido a que la cortina de la presa El Realito presenta fisuras y deben ser reparadas; además, mencionaron que la fecha en la que estos municipios se quedarían sin agua sería este 29 de mayo de 2023, hecho al que se le llamó “Día Cero”.

Los gobiernos estatal y municipal anunciaron un Plan Emergente ante la crisis hídrica que sufrirá la capital por las reparaciones en El Realito, en el que incluso se destinarán recursos de obras públicas para combatir el problema.

El Plan Emergente consiste en la rehabilitación y el aprovechamiento de todos los pozos de la mancha urbana: públicos, privados y clandestinos; la modernización y rehabilitación de los existentes y la perforación y construcción de nuevos pozos, que permitan atender la contingencia.

El Día Cero es la fecha en la que las autoridades indicaron que se dejará de proveer agua a San Luis Potosí, en el que se ven afectados 80 mil 600 hogares que dependen del suministro de este embalse, y las 258 mil personas que los habitan.

José Antonio Lugo, titular de Interapas, explicó que la Organización Mundial de la Salud considera que una persona para vivir en condiciones de salud y bienestar, necesita 100 litros de agua al día, por lo que afirmó que el compromiso de la Junta de Gobierno del Interapas es dar esos cien litros”, pero a cambio, “la ciudadanía lo que tiene que hacer es aprender a vivir con esos 100 litros”. Es decir, el ciudadano promedio, debe emplear únicamente 100 litros para “beber, comer, limpiar tu hogar y hacer higiene general”, incluido el saneamiento de las viviendas.

En este sentido, sostuvo que actualmente, potosinas y potosinos gastan en promedio 220 litros al día por persona, por lo cual este consumo debe reducirse.

 

¿Qué otras alternativas existen?

 

Francisco Javier Peña de Paz, profesor investigador de El Colegio de San Luis (Colsan) y experto en temas hídricos, opinó que respecto a los anuncios sobre el Día Cero y las estrategias planteadas a partir de esa premisa, derivan del hecho que “El Realito no garantizó el servicio, ni siquiera en su mejor momento”.

“El Realito nunca ha pasado más allá de (dotar) 300 litros por segundo. Es decir, nunca han alcanzado los mil litros por segundo, que equivale al metro cúbico por segundo que se preveía que iba a dar originalmente”, mencionó.

El experto consideró que es más fácil operar los servicios cuando son intermediados por la autoridad pública, pues los esquemas de privatización, o colaboración público-privada, no garantizan una mejora en los servicios, tal como ha ocurrido por ejemplo, con las empresas “Aquos” de El Realito y “Aguas del Poniente”.

El estudioso de temas hídricos anticipó que el avance de la urbanización en la región centro de la entidad potosina provocará que la demanda de agua incremente en otros puntos, por lo que la idea de “zona metropolitana” integraría las delegaciones más alejadas de la capital y otros municipios distantes como Villa de Reyes, Zaragoza, e incluso Santa María del Río.

El profesor investigador del programa “Agua y Sociedad”, consideró que la solución a los conflictos de gestión hídrica para la población deben orientarse en conjunto y no con una visión individual. En ese sentido, se refirió específicamente a la intención del ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez de abandonar el organismo intermunicipal.

“No es segregándose y pensando que remando solo, cada quien, podríamos salir del atolladero, sino al contrario, con una mejor coordinación y cohesión en un sentido que considere a todos, que no deje a nadie afuera y con el apoyo del gobierno estatal, que yo creo que tiene una responsabilidad importante porque en esta zona que he mencionado está la mitad de la población del estado”.

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Marcha LGBTTTIQAP+ en SLP será para buscar asignación de presupuesto

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El evento se realizará el 17 de junio y se espera tener más asistentes que en el 2022; aquí los detalles

Por: Daniel Rocha

El próximo 17 de junio, se llevará a cabo doceava edición de la marcha del orgullo LGBTTTIQAP+ en San Luis Potosí, siendo esta la primera vez que se celebra en el mes del orgullo y en la que se espera la participación sea mayor a la del año pasado, en la que acudieron más de 10 mil personas. Ante esto La Orquesta entrevistó a Andrés Costilla, presidente de la asociación civil Amigos Potosinos en lucha contra el Sida y uno de los activistas que organiza este evento, quien mencionó que el objetivo de este año es lograr que las autoridades asignen presupuesto para la comunidad.

Andrés Costilla indicó que se buscará un acercamiento con el Congreso del Estado y el Gobierno del Estado les asigne un presupuesto para atender problemáticas y necesidades específicas de la comunidad, no solo en la zona metropolitana, sino en el interior de la entidad:

“Este año, parte de lo que estamos trabajando es la incidencia de litigio estratégico y de incidencia presupuestaria. Demandamos al Congreso y al Gobierno, para que en la Ley de Ingresos y Egresos del Estado de San Luis Potosí ya asigne un recurso para las poblaciones LGBTTTIQAP+. No es lo mismo ser una persona LGBT que vive en la zona metropolitana de de San Luis Potosí a ser un hombre gay indígena o una mujer trans indígena o una mujer lesbiana indígena, entonces son diferentes necesidades y problemáticas que se viven en las cuatro regiones del estado”.

El presidente de la asociación civil Amigos Potosinos en lucha contra el Sida declaró que el evento comenzará con la revelación de las letras monumentales de San Luis Potosí, en compañía del alcalde Enrique Galindo. Para las 5:30 de tarde comenzará la marcha en la explanada del Parque de Morales, que recorrerá la avenida Venustiano Carranza hasta llegar a la Plaza de los Fundadores, en donde habrá un evento artístico y una feria informativa que se planea que arranque de 7 a 9:30 de la noche.

El activista mencionó que esta es una marcha incluyente donde “todas, todos y todes pueden participar”, no solo personas de la de las poblaciones LGBTTTIQAP+. Cada año nos acompañan, familias, amistades y gente LGBTTTIQAP+ friendly.

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Consejo de la UASLP aplazó votación para sancionar violencia de género

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Esta sería la tercera ocasión que el Consejo Directivo Universitario pospone el dictamen para imponer sanciones por hechos de violencia de género

Por: Redacción

El Consejo Directivo Universitario (CDU) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) pospuso la votación del dictamen para la imposición de sanciones por hechos de violencia de género ocurridos en 2022, sobre violencia digital, siendo la tercera ocasión que esto ocurre desde que se emitió el dictámen.

El pasado 26 de mayo se tomó esta decisión correspondiente al expediente de instrucción E1/01/2022, enviado por la Comisión Instructora del CDU para su votación desde el pasado 31 de marzo, y la Secretaría General de la Rectoría solicitó que se posponga su votación.

El aplazamiento se dio bajo el argumento de la nueva integración de la presidenta y vicepresidenta de la Federación Universitaria Potosina (FUP), a fin de que cada integrante tenga conocimiento pleno del dictamen a votar.

La primera vez que se pospuso fue en la sesión del 31 de marzo, debido a la toma de protesta de las y los consejeros alumnos, así como de las y los consejeros maestros para el periodo 2023-2025. La segunda ocasión fue en la sesión del 28 de abril, debido a que acababan de integrarse las dos terceras partes del CDU.

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