¡Vaya casualidad! Un ejido junto a la tierra que obsesiona al Chato López perdió su declaratoria de protección estatal, en plena batalla para construir ahí un desarrollo inmobiliario

Por José Luis Vázquez y Roberto Rocha

El 18 de enero pasado se publicó en el Periódico Oficial del Estado la pérdida de declaratoria como área natural protegida para mil 200 hectáreas del ejido San Juan de Guadalupe, un terreno colindante a la comunidad del mismo nombre, pero creado en 1937 después de que se negara la restitución de dicha comunidad.

El decreto publicado en el Periódico Oficial del estado dice textualmente: “Se dejan insubsistentes el ‘Decreto Administrativo que declaró área natural protegida, bajo la modalidad de <<Parque Urbano>>’, denominado <<Ejido San Juan de Guadalupe>> una superficie de 1,200 hectáreas de la Sierra de San Miguelito, ubicadas en el Municipio de San Luis Potosí, Capital del Estado’; y el ‘Decreto por el cual se modificó, adicionó y derogó diversas disposiciones del Decreto de declaratoria del Área Natural Protegida <<Ejido San Juan de Guadalupe>>, publicados en el Periódico Oficial del Estado, el cinco de junio de mil novecientos noventa y seis, y el veintiséis de marzo de dos mil nueve, respectivamente”.

La pérdida de la declaratoria de área natural protegida proviene de un amparo iniciado por Víctor Manuel Gascón Guerrero, Ma. Concepción Velázquez Guillén y Zacarías I. Quijano Coronado, como presidente, secretario y tesorero del Comisariado Ejidal de San Juan de Guadalupe, que fueron representados por el abogado Alejandro Rivera, quien a decir del ambientalista Mario Martínez Ramos, fungió como jefe de la residencia de la Procuraduría Agraria, exdirector jurídico de Gobierno del Estado y es además asesor del empresario inmobiliario Carlos “El Chato” López Medina y del grupo Valorán, quienes construyeron los libramientos poniente, oriente y norte, alrededor de la ciudad de San Luis Potosí.

Martínez Ramos señaló que Alejandro Rivera es también abogado de los desarrolladores que se quedaron con las tierras del Aguaje, donde se construye el Gran Peñón, y fue asesor formal de Minera San Xavier en temas ejidales.

De acuerdo con información proporcionada por la organización Cambio de Ruta, dirigida por Luis González Lozano, en la sesión de instalación del Consejo Estatal de Áreas Naturales Protegidas, en la que Cambio de Ruta tenía un lugar y estuvo presente, no se informó por parte de la Secretaría de Ecología estatal (Segam) de la existencia de ese amparo que podía revocar la declaratoria de área natural protegida del ejido San Juan de Guadalupe, “pero sí se nos informó en general de todas las áreas naturales protegidas”.

“Consideramos que si la Segam hubiera informado a la sociedad, es decir actuar de forma transparente, los ciudadanos, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, los científicos, los abogados, etc…, perfectamente coadyuvarían para proteger y defender el área, pero desconocemos porque motivos se escondió el dato”, explica un texto enviado por Cambio de Ruta.

“Al enterarme de lo anterior, como no somos comparsa de nadie, presenté el escrito de renuncia al Consejo Estatal de Áreas Naturales Protegidas”, dice en un comunicado Luis González Lozano. “Esta tramada data entonces de abril del 2017. Por cierto, ese polígono puede ser muy valioso”.

En un boletín de prensa, Segam respondió que hará todo lo necesario para proteger al ejido de San Juan de Guadalupe, en declaraciones atribuidas a la titular de esta instancia Yvett Salazar Torres, quien dijo que en caso de que la sentencia confirme la determinación del Juzgado de Distrito, el gobierno del estado podrá iniciar nuevamente el procedimiento de declaratoria de área natural protegida, con las formalidades previstas en la normatividad.

Ante esto, Luis González Lozano dijo no entender la lógica de Segam de querer recuperar la declaratoria de área natural protegida, si ya se perdió una anteriormente. En el boletín de prensa, Salazar Torres dijo que “es importante reafirmar la solicitud al Municipio de la Capital para que el Plan Centro de Población considere el Estudio Técnico de Factibilidad de la totalidad de la Sierra de San Miguelito, que incluye el ejido de San Juan de Guadalupe, con la finalidad de que sea considerada como área prioritaria de conservación y de recarga de mantos acuíferos y por lo tanto no se autoricen usos de suelos industriales ni habitacionales”.

“Segam informó que la reciente sentencia del expediente 289/2018 por parte del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito no se refiere al reciente Decreto del ANP con carácter de Reserva Estatal ‘Sierra de San Miguelito’ publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado 20 de septiembre. En respuesta, Luis González Lozano dijo que esa aclaración era innecesaria, “eso demuestra que la secretaria de Ecología desconoce del tema”.

Yvett Salazar Torres, titular de la Dependencia dijo que no ha recibido la notificación del Juez para conocer los fundamentos y alcances de la sentencia que deja insubsistente el “Decreto Administrativo que declara Área Natural Protegida (ANP), bajo la modalidad de parque urbano, denominado Ejido de San Juan de Guadalupe”, decreto que data del 5 de junio del año 1996 con una modificación del 26 de marzo de 2009. “Qué raro que diga Yvett Salazar sobre la insubsistencia del área natural protegida del Ejido de San Juan de Guadalupe, si le notificaron desde diciembre”, contestó a esto González Lozano.

“En todo momento se mantuvo la defensa del caso que inició el 22 de mayo de 2017 como juicio de amparo indirecto radicado en el expediente 436/2017 resuelto el 17 de mayo de 2018 y en el que el Juez concedió el amparo a los quejosos, inconforme con dicha sentencia la Segam promovió el 31 de mayo de 2018 el Recurso de Revisión 289/2018 que recién se resolvió”, decía también el boletín de Segam.

“Finalmente, Yvett Salazar dijo que es importante puntualizar que el juicio de amparo fue promovido por el Comisariado ejidal, integrado solo por el Presidente, el Secretario y el Tesorero, por lo que se puede presumir deficiencia en el estudio porque no refleja el consenso y voluntad de la Asamblea”, concluía el comunicado de prensa de la Secretaría de Ecología.

Al respeto, el ambientalista Mario Martínez Ramos refirió que desde hace al menos quince años, el ejido de San Juan de Guadalupe fue infiltrado por grupos de constructores que “han comprado derechos en el Ejido y no obstante estar de acuerdo con la declaratoria de área natural protegida en aquella época, ahora impugnan el decreto. El mismo ejido ya es controlado por desarrolladores. El argumento es respecto a notificaciones irregulares. Es un asunto muy grave”.

Según Martínez Ramos, el área que perdió recién su declaratoria de área natural protegida y quedó también fuera de declaratoria de la Sierra de San Miguelito, será utilizada para la construcción de zonas industriales e inmobiliarias, como había anunciado en su tercer informe de gobierno el mandatario estatal Juan Manuel Carreras López.

El abogado Carlos Covarrubias Rendón, representante legal de un grupo de comuneros de San Juan de Guadalupe, inconforme con la posible cesión de más de 2 mil hectáreas en favor de los empresarios inmobiliarios Carlos “El Chato” López Medina y Alejandro Tamayo Ibarra, dijo que la pérdida de la declaratoria de área natural protegida del ejido de San Juan de Guadalupe, distinto a los terrenos de sus representados, sigue beneficiando a los desarrolladores de vivienda, por la colindancia y posible incremento de plusvalía que podría obtenerse con la venta del área natural protegida que dejó de serlo el pasado 18 de enero.

 

SE MANIFIESTAN EN LA UAM

Un grupo de comuneros y ejidatarios de San Juan de Guadalupe y otros núcleos agrarios, se manifestaron en las instalaciones de la Unidad Administrativa Municipal para evitar la privatización de la Sierra de San Miguelito a manos de empresarios como Carlos “El Chato” López Medina, según denunciaron.

De acuerdo con información publicada este miércoles en La Orquesta Mx, el proyecto inmobiliario de “El Chato” López, busca hacerse de 14 mil hectáreas ubicadas en las comunidades de San Juan de Guadalupe, San Miguelito y Tierra Blanca y no solo de 2 mil 068 hectáreas como se muestra en un documento reciente presentado por el grupo inmobiliario.

El abogado Carlos Covarrubias criticó a la actual administración municipal y dijo que “están diciendo que no tienen nada que ver con este proceso, sin embargo, tenemos documentos muy recientes donde los empresarios están utilizando documentos del ayuntamiento de Mario García Valdez como actuales y vigentes, y el actual los está trabajando para generar factibilidad de cambio de uso de suelo a los empresarios, es algo muy delicado”.

Covarrubias Rendón incluso retó al alcalde potosino, Xavier Nava Palacios, para tratar el tema cara a cara: “Él está siendo permisivo a que todas estas cosas estén sucediendo, lo retamos a debatir a ver si es cierto que él no va a hacer un cambio y modificación al Plan Estratégico de Desarrollo Urbano en San Luis Potosí, que nos lo asegure, que nos lo dé por escrito pero la realidad es que lo están operando”.

El abogado también señaló que entre los manifestantes están algunos comuneros que no están de acuerdo en vender sus tierras en San José de Buenavista y explicó: “es una invasión hecha por el grupo Meta (filial de Grupo Valorán) a una serie de compañeros que tienen sus propiedades y no están de acuerdo en vender para que pase el trazo de la Avenida Horizontes. El ayuntamiento nos dijo por escrito que Meta no tiene permiso para construir y sin embargo lo están haciendo, entonces le venimos a pedir a la directora de Desarrollo Urbano y Catastro para que clausure la obra”.

Los comuneros que se manifestaron ayer en la Unidad Administrativa Municipal fueron recibidos por la directora de Catastro y Desarrollo Urbano, Patricia Rodríguez Álvarez, a quien se le pidió que Xavier Nava Palacios se deslinde del proyecto de Carlos “El Chato” López Medina.
“Que el municipio se deslinde del proyecto de ‘El Chato’, que se deslinde de Meta, que se deslinde de las transas y que lo haga por escrito. Algunas cosas las negaron y algunas cosas dijeron que lo iban a checar, aunque evidentemente todo lo saben, ¿cómo no van a saber?”, dijo el abogado Carlos Covarrubias.

El abogado aseguró que será la próxima semana cuando se reúnan nuevamente con la directora de Catastro Rodríguez Álvarez y ver qué resolución le dan a los comuneros, todos los asuntos fueron debatidos y todos quedaron con el compromiso de tener una respuesta la próxima semana, vamos a volver a venir, pero vamos a venir diez veces más, hoy nada más vino un grupo de representantes”.

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