septiembre 19, 2024

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Solo 10% de los presos en SLP podrían beneficiarse de la Ley de Amnistía: JMG

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Ley de Amnistía

El presidente de Renace en San Luis Potosí afirmó que la Ley de Amnistía tiene muchos candados, por lo que el Congreso del Estado debería proponer una “amnistía estatal”

Por: Abelardo Medellín

José Mario de la Garza Marroquín, presidente de la fundación Renace Capítulo San Luis, afirmó que la Ley de Amnistía propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual busca perdonar a personas que estén recluidas en centro penitenciarios por delitos del fuero federal, no beneficiaría a una población significativa en el estado: “Es menos del 15 por ciento. Quienes están en los penales por delitos federales suelen estar en los centros penitenciarios de alta seguridad, además de que el narcomenudeo es muy local, es un delito del fuero común. Debe ser menos del 15 por ciento, se beneficia a pocos, entonces el anuncio del presidente se cuelga las medallas políticas, pero en la práctica no beneficia a nadie”.

Ante la duda de cómo podría aplicarse esta ley a nivel estatal para que se pueda aprovechar de mejor manera para la población penitenciaria de San Luis Potosí, de la Garza Marroquín comentó que: “Un diputado, o el gobernador deberían presentar una iniciativa para que haya una amnistía local, al final hay un transitorio en la propuesta del presidente, para que los estados copien la ley de amnistía, pero solo es una invitación, él no los puede obligar […] yo creo que los del partido Morena podrían adecuar esta iniciativa y plantearla en el Congreso del Estado, quizá deberían ponerse las pilas para presentar una parecida”.

En San Luis Potosí, de acuerdo con el estudio “Estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 90 por ciento de las personas recluidas en centros penitenciarios están ahí por delitos del fuero común, y el otro 10 por ciento por delitos federales, por lo que solo este diez por ciento podría ser beneficiado por la Ley de Amnistía, si es que se aprueba en lo local y solo si cumplen con las condicionantes de ley que se les apliquen.

De la Garza Marroquín explicó que liberar a una persona no asegura que se acabe el problema, puesto que la Ley de Amnistía no soluciona problemáticas como la reintegración de la persona liberada a la sociedad, que debería ser una propuesta cooperativa para asegurar que no sean vulnerados sus derechos. Comentó que harían falta tres cosas más: un sistema de reinserción para asegurar que quien sea liberado encuentre un lugar donde trabajar o desarrollarse; otra sería un sistema para fortalecer las defensorías del estado.

Además, sugirió que se debe reforzar el trabajo con las víctimas de robo u otro delitos, puesto que esta ley solo voltea a ver a las personas en prisión, pero se deja de lado a las víctimas: “Pareciera que el enfoque está sobre los que están en prisión (…) una iniciativa así no tiene ningún chiste, necesitamos un sistema integral, si no es así, pues perdón, pero es una tomada de pelo”, puntualizó José Mario de la Garza.

Mientras tanto, a nivel nacional, el presidente de Renace apuntó que: “De entrada, al 85 por ciento de los internos no les sirve para nada esta ley, no les aplica”; y comentó que las especulaciones que se han hecho en la materia suelen ser erróneas, pues solo se toman en cuenta los delitos federales y mucho de lo que se ha comentado en medios no tiene que ver con estos delitos. “Por ejemplo, en materia de aborto, no hay ninguna persona procesada por algo como el aborto, pero en materia federal. Entonces ahí no hay ningún beneficio para ninguna mujer, más bien habría que buscar la amnistía por el estado”, comentó.

El abogado declaró que en el país solo hay 72 personas juzgadas por robo de tipo federal, por lo que también son un número tan reducido que la amnistía para estos delitos beneficiaría apenas a un par de ellas, dadas las circunstancias de sus casos.

Sobre el tema de los delitos contra la salud o portación de sustancias prohibidas, De la Garza Marroquín comentó que: “La ley tiene muchos candados, debes comprobar muy distintas cosas, como que no haya violencia, que estés en pobreza, que no hayas cargado armas, que no tenga que ver con narcotráfico, entonces vemos que estas amnistías tendrían que ver más bien con delitos relacionados con el consumo, pero pues digamos que estas cuestiones que debes de probar, no sabemos cómo lo harán en la práctica”.

Por último, el presidente de Renace aseguró que en la ley no se especifica cómo se deben comprobar los requisitos para acceder a la amnistía, por lo que “esta ley parece estar hecha con muy buena intención, pero a la hora de aterrizar esto en la práctica no se ve cómo sería (…) es mucho ruido y pocas nueces, deberían aplicarse más bien en los estados, donde está la problemática más grave, ahí tendría incidencia. Esto me parece más un discurso de tipo político, porque en términos prácticos, serán muy pocas las personas beneficiadas; ni siquiera se explica cómo los jueces atenderán a quienes lo busquen”, dijo José Mario de la Garza.

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¿Qué es lo que sabemos del Día Cero y el suministro de agua en SLP?

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Este 29 de mayo es la fecha en que los potosinos dejarán de recibir agua debido a las reparaciones en la presa El Realito

Por: Redacción

En el mes de marzo, Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, y Enrique Galindo Ceballos, alcalde capitalino, anunciaron que el 30% de la población potosina se quedará sin agua, esto debido a que la cortina de la presa El Realito presenta fisuras y deben ser reparadas; además, mencionaron que la fecha en la que estos municipios se quedarían sin agua sería este 29 de mayo de 2023, hecho al que se le llamó “Día Cero”.

Los gobiernos estatal y municipal anunciaron un Plan Emergente ante la crisis hídrica que sufrirá la capital por las reparaciones en El Realito, en el que incluso se destinarán recursos de obras públicas para combatir el problema.

El Plan Emergente consiste en la rehabilitación y el aprovechamiento de todos los pozos de la mancha urbana: públicos, privados y clandestinos; la modernización y rehabilitación de los existentes y la perforación y construcción de nuevos pozos, que permitan atender la contingencia.

El Día Cero es la fecha en la que las autoridades indicaron que se dejará de proveer agua a San Luis Potosí, en el que se ven afectados 80 mil 600 hogares que dependen del suministro de este embalse, y las 258 mil personas que los habitan.

José Antonio Lugo, titular de Interapas, explicó que la Organización Mundial de la Salud considera que una persona para vivir en condiciones de salud y bienestar, necesita 100 litros de agua al día, por lo que afirmó que el compromiso de la Junta de Gobierno del Interapas es dar esos cien litros”, pero a cambio, “la ciudadanía lo que tiene que hacer es aprender a vivir con esos 100 litros”. Es decir, el ciudadano promedio, debe emplear únicamente 100 litros para “beber, comer, limpiar tu hogar y hacer higiene general”, incluido el saneamiento de las viviendas.

En este sentido, sostuvo que actualmente, potosinas y potosinos gastan en promedio 220 litros al día por persona, por lo cual este consumo debe reducirse.

 

¿Qué otras alternativas existen?

 

Francisco Javier Peña de Paz, profesor investigador de El Colegio de San Luis (Colsan) y experto en temas hídricos, opinó que respecto a los anuncios sobre el Día Cero y las estrategias planteadas a partir de esa premisa, derivan del hecho que “El Realito no garantizó el servicio, ni siquiera en su mejor momento”.

“El Realito nunca ha pasado más allá de (dotar) 300 litros por segundo. Es decir, nunca han alcanzado los mil litros por segundo, que equivale al metro cúbico por segundo que se preveía que iba a dar originalmente”, mencionó.

El experto consideró que es más fácil operar los servicios cuando son intermediados por la autoridad pública, pues los esquemas de privatización, o colaboración público-privada, no garantizan una mejora en los servicios, tal como ha ocurrido por ejemplo, con las empresas “Aquos” de El Realito y “Aguas del Poniente”.

El estudioso de temas hídricos anticipó que el avance de la urbanización en la región centro de la entidad potosina provocará que la demanda de agua incremente en otros puntos, por lo que la idea de “zona metropolitana” integraría las delegaciones más alejadas de la capital y otros municipios distantes como Villa de Reyes, Zaragoza, e incluso Santa María del Río.

El profesor investigador del programa “Agua y Sociedad”, consideró que la solución a los conflictos de gestión hídrica para la población deben orientarse en conjunto y no con una visión individual. En ese sentido, se refirió específicamente a la intención del ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez de abandonar el organismo intermunicipal.

“No es segregándose y pensando que remando solo, cada quien, podríamos salir del atolladero, sino al contrario, con una mejor coordinación y cohesión en un sentido que considere a todos, que no deje a nadie afuera y con el apoyo del gobierno estatal, que yo creo que tiene una responsabilidad importante porque en esta zona que he mencionado está la mitad de la población del estado”.

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Marcha LGBTTTIQAP+ en SLP será para buscar asignación de presupuesto

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El evento se realizará el 17 de junio y se espera tener más asistentes que en el 2022; aquí los detalles

Por: Daniel Rocha

El próximo 17 de junio, se llevará a cabo doceava edición de la marcha del orgullo LGBTTTIQAP+ en San Luis Potosí, siendo esta la primera vez que se celebra en el mes del orgullo y en la que se espera la participación sea mayor a la del año pasado, en la que acudieron más de 10 mil personas. Ante esto La Orquesta entrevistó a Andrés Costilla, presidente de la asociación civil Amigos Potosinos en lucha contra el Sida y uno de los activistas que organiza este evento, quien mencionó que el objetivo de este año es lograr que las autoridades asignen presupuesto para la comunidad.

Andrés Costilla indicó que se buscará un acercamiento con el Congreso del Estado y el Gobierno del Estado les asigne un presupuesto para atender problemáticas y necesidades específicas de la comunidad, no solo en la zona metropolitana, sino en el interior de la entidad:

“Este año, parte de lo que estamos trabajando es la incidencia de litigio estratégico y de incidencia presupuestaria. Demandamos al Congreso y al Gobierno, para que en la Ley de Ingresos y Egresos del Estado de San Luis Potosí ya asigne un recurso para las poblaciones LGBTTTIQAP+. No es lo mismo ser una persona LGBT que vive en la zona metropolitana de de San Luis Potosí a ser un hombre gay indígena o una mujer trans indígena o una mujer lesbiana indígena, entonces son diferentes necesidades y problemáticas que se viven en las cuatro regiones del estado”.

El presidente de la asociación civil Amigos Potosinos en lucha contra el Sida declaró que el evento comenzará con la revelación de las letras monumentales de San Luis Potosí, en compañía del alcalde Enrique Galindo. Para las 5:30 de tarde comenzará la marcha en la explanada del Parque de Morales, que recorrerá la avenida Venustiano Carranza hasta llegar a la Plaza de los Fundadores, en donde habrá un evento artístico y una feria informativa que se planea que arranque de 7 a 9:30 de la noche.

El activista mencionó que esta es una marcha incluyente donde “todas, todos y todes pueden participar”, no solo personas de la de las poblaciones LGBTTTIQAP+. Cada año nos acompañan, familias, amistades y gente LGBTTTIQAP+ friendly.

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Consejo de la UASLP aplazó votación para sancionar violencia de género

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Esta sería la tercera ocasión que el Consejo Directivo Universitario pospone el dictamen para imponer sanciones por hechos de violencia de género

Por: Redacción

El Consejo Directivo Universitario (CDU) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) pospuso la votación del dictamen para la imposición de sanciones por hechos de violencia de género ocurridos en 2022, sobre violencia digital, siendo la tercera ocasión que esto ocurre desde que se emitió el dictámen.

El pasado 26 de mayo se tomó esta decisión correspondiente al expediente de instrucción E1/01/2022, enviado por la Comisión Instructora del CDU para su votación desde el pasado 31 de marzo, y la Secretaría General de la Rectoría solicitó que se posponga su votación.

El aplazamiento se dio bajo el argumento de la nueva integración de la presidenta y vicepresidenta de la Federación Universitaria Potosina (FUP), a fin de que cada integrante tenga conocimiento pleno del dictamen a votar.

La primera vez que se pospuso fue en la sesión del 31 de marzo, debido a la toma de protesta de las y los consejeros alumnos, así como de las y los consejeros maestros para el periodo 2023-2025. La segunda ocasión fue en la sesión del 28 de abril, debido a que acababan de integrarse las dos terceras partes del CDU.

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